Cuando las leyes antidiscriminatorias son las que discriminan

por Matías Nicola
ilustración Rodrigo René Cura, arte Agustín Sena

En nuestro país existen principios rectores en el ámbito del derecho laboral: el Principio de no discriminación e igualdad de trato, del cual deriva el Deber de no discriminar e igualdad de trato por parte del empleador. Dicho principio tiene su sustento en el artículo 16 de la Constitución Nacional al expresar igualdad entre iguales y en igualdad de situaciones y en el artículo 14 bis del mismo cuerpo normativo que indica “igual remuneración por igual tarea”, como también en pactos internacionales o convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a los que Argentina adhirió. 

Siguiendo este mismo lineamiento, en el año 2013, Argentina adhirió a la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, realizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la cual prohíbe explícitamente en su artículo número 1 inciso 1, “la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad y expresión de género”. Este es un mecanismo que posee el Estado para lograr una situación más equitativa en la sociedad, ya que por medio de este convenio las personas se ven amparadas en caso de sufrir algunos de estos tipos de actos de discriminación en el trabajo. 

Sin embargo, a nivel nacional no se siguió este mismo lineamiento, ya que en ninguna de las distintas leyes que tipifican los actos de discriminación laboral se encuentra regulada como motivo la orientación sexual e identidad y expresión de género. En el caso de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744‎, en su artículo 17 expresa que “se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religión, políticos, gremiales o de edad”, y en el artículo 81 indica “que considera discriminación arbitraria fundada en razón del sexo, raza y religión”. Como podemos observar, esta ley no marca específicamente la prohibición de los actos de discriminación en el ámbito laboral por identidad de género u orientación sexual.

Pasa lo mismo con la Ley de Actos Discriminatorios Nº 23.592 sancionada en el Congreso Nacional en el año 1988, la cual se refiere en su artículo 1 a “los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.  Como podemos observar en la presente ley, los legisladores tampoco incluyeron como motivo de discriminación la orientación sexual o la identidad de género. Aunque diversas agrupaciones sociales hace años que vienen tratando de incluirlas, el Congreso Nacional vuelve a demostrarnos que no está a la altura de las necesidades sociales. Pero hay que mencionar que en Chubut sí se incluye la orientación sexual y la identidad y expresión de género como motivo de discriminación por medio de la ley provincial XV Nº 26 sancionada en el año 2018.

El problema que trae no tener ninguna ley nacional que enumere y mencione literalmente la sanción y prohibición de los actos discriminatorios es que, al reclamar dichos actos ante un/a juez/a, queda sujeto a la voluntad e interpretación que su “señoría” haga de las normas, porque puede tener una mirada amplia e indicar que cuando la ley de Contrato de Trabajo menciona como motivo de discriminación el sexo, de forma analógica está incluyendo la orientación sexual o la identidad de género y no solo se está refiriendo a una diferencia y discriminación entre el hombre y la mujer. Lo mismo pasa con la ley de Actos Discriminatorios, en el supuesto de discriminación por motivos de caracteres físicos en relación a los múltiples actos de discriminación que sufre la población Trans.

Hay que tener en cuenta, y no es un dato menor, que quienes integran el Poder Judicial, por la formación y educación que recibieron, no llegan a comprender muchas discusiones y conceptos relativamente nuevos y que están en un estado de deconstrucción, debido a que son las nuevas generaciones las que promulgan el debate de estos temas, como podrían ser los conceptos de orientación sexual o la diferencia entre sexo, género o identidad de género, entre otros. Aquí podemos ver la importancia de la Ley Nacional Nº 27. 499 sancionada en el año 2018, que fue denominada como Ley Micaela, que busca capacitar y sensibilizar a los funcionarios públicos de los diferentes poderes del Estado sobre “temática de género y violencia contra las mujeres”.

Conclusión:

¿Qué hacer cuando las leyes que fueron creadas para garantizar los derechos de las personas y por medio de ellas combatir los actos de discriminación son las mismas que ejercen la discriminación, la diferencia, la exclusión? Esto sucede con las leyes laborales, que en vez de garantizar y proteger a las y los trabajadores en su ámbito laboral, fomentan la marginación y la discriminación social.

Es por ello que se les debe exigir a nuestros legisladores nacionales una reforma laboral, para que adecuen las normativas vigentes, incluyendo la perspectiva de género. De lo contrario seguiremos con leyes laborales atrasadas que no representan los cambios y las necesidades sociales.

arte de Agustín Sena

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